Un tribunal de Roma ha asestado un golpe judicial a Netflix al considerar ilegales las subidas de precio aplicadas en Italia entre 2017 y enero de 2024. La sentencia concluye que las cláusulas que permitían a la plataforma modificar unilateralmente sus tarifas eran nulas, al no explicar de forma suficientemente clara las razones que justificaban esos aumentos. El fallo obliga ahora a la compañía a devolver a sus clientes las cantidades cobradas de más durante ese periodo.
La resolución llega después de una demanda impulsada por la asociación de consumidores Movimento Consumatori, que denunció que Netflix había vulnerado el Código del Consumidor italiano al subir los precios sin una base contractual transparente. Según las estimaciones difundidas tras el fallo, los reembolsos podrían rondar los 500 euros para algunos usuarios del plan Premium y los 250 euros para los del plan Estándar, aunque la cuantía exacta dependerá de cada caso.
Millones de usuarios podrían reclamar
El alcance potencial de la sentencia es enorme. Reuters recuerda que Netflix contaba en 2025 con unos 5,4 millones de suscriptores en Italia, de modo que la resolución podría afectar a una parte muy importante de su base de clientes en el país. Además, el tribunal exige que la plataforma informe de la decisión no solo a los abonados actuales, sino también a antiguos suscriptores, y que publique el contenido de la sentencia para facilitar posibles reclamaciones. Algunos medios italianos señalan incluso que se ha fijado un plazo de 90 días para hacerlo.
Netflix, por su parte, ya ha anunciado que recurrirá la decisión. La empresa sostiene que sus condiciones eran conformes a la legislación italiana y tratará de frenar un fallo que podría convertirse en una referencia para otros litigios similares en Europa.
Un fallo que puede marcar el futuro del "streaming"
La sentencia no solo golpea a Netflix en Italia, sino que puede acabar teniendo recorrido más allá de sus fronteras. Aunque el fallo afecta de momento solo al mercado italiano, distintas informaciones apuntan a que podría servir de referencia para futuras reclamaciones en otros países europeos, especialmente en un contexto en el que las plataformas de streaming han encadenado varias subidas de tarifas en los últimos años.
La resolución reabre así el debate sobre hasta qué punto estas compañías pueden modificar sus precios sin explicar con claridad las razones y sin dar al consumidor suficiente capacidad de reacción.